La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) estableció que apartándose de sus responsabilidades, miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), se dedicaron a sustraer dinero a través de un sinnúmero de maniobras fraudulentas detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G.
De acuerdo a la acusación que será conocida por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, los fondos eran sustraídos del dinero dedicado a inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nóminas, además de que la estructura criminal sustrajo fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).