La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dispuso prisión preventiva como medida de coerción contra los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como a otros tres implicados en el caso de supuesta corrupción coral 5G.
De igual forma, contra otros cinco implicados la magistrada impuso prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.
El primer teniente César Félix Ramos Ovalle, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD), coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD), se les varió la solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario
Mientras que contra la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco, la magistrada dispuso presentación periódica e impedimento de salida.
La decisión sobre esta última, según informó uno de los abogados, se produjo porque tiene un hijo que requiere de atención especial.
De igual forma la jueza acogió el pedimento del Ministerio Público de que el caso sea declarado complejo.
Al grupo se le acusa asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Primer Juzgado de La Instrucción del DN, tribunal control del proceso tiene ocho meses plazo de investigación.
La jueza Kenya Romero tomó la decisión de separar del expediente, al menos por el momento, al general De los Santos Viola, ya que este recusó a la magistrada. Con el alto oficial suman 13 los presuntos implicados.
Además, los coroneles Franklin Antonio Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el mayor José Manuel Rosario Pirón, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Ortega Polanco.
“Hemos presentado 94 testimonios que son mucho más que suficientes para aplicar las medidas de coerción, no hay forma de contrarrestar las evidencias documentales que ha presentado al tribunal el Ministerio Público”, afirmó Camacho.
Agregó, que una de las imputadas presuntamente admitió los hechos y por eso se pidió contra ella arresto domiciliario.
Fuente: listindiario y ndigital