El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional autorizó hoy a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), incorporar dentro de sus pruebas documentales un CD que contiene información financiera de las empresas del imputado Víctor Díaz Rúa.
La decisión fue adoptada por las juezas Gisell Méndez y Jisell Naranjo, con el voto disidente de la magistrada Tania Yunes, tras acoger un recurso de objeción presentado por el titular del Pepca, Wilson Camacho y la fiscal Mirna Ortiz.
El tribunal revocó la decisión tomada el pasado jueves, donde acogía una objeción de los abogados de Díaz Rúa estableciendo en el fallo, que la orden no poseía plazo para la diligencia, decisión contra la cual el Ministerio Público presentó el recurso de oposición.
Empero, el tribunal advirtió que no será objeto de ponderación toda la información contenida en ese CD, sobre Víctor Manuel Díaz Guerrero, hijo del imputado Díaz Rúa.
La pasada semana, la decisión del tribunal contó con el voto disidente de las magistradas Tania Yunes y Jisell Naranjo, esta última ahora emitió un voto salvado, sumándose a la presidenta del tribunal Gisell Méndez, quien venía sosteniendo que tenía que permitirse la inclusión de dicha prueba.
Con el recurso, el Ministerio Público buscaba que se dejara sin efecto la decisión mediante la cual excluyó la incorporación de dichas pruebas, luego de acoger una objeción presentada por la defensa técnica del imputado Díaz Rúa.
En la audiencia el Ministerio Público alegó que dicha información financiera fue obtenida de manera lícita, con la orden judicial correspondiente emitida por el magistrado José Alejandro Vargas (entonces juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Wilson Camacho, quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público, precisó que la orden se ejecutó en tiempo razonable y dijo que la misma fue entregada al tribunal.
Destacó que el juez Vargas autorizó al órgano acusador solicitar a la Superintendencia de Bancos los datos relativos a las empresas de Díaz Rúa y que así se procedió, por lo que dijo las mismas deben ser incluidas dentro de las pruebas contra el imputado.
En ese sentido, el Ministerio Público argumentó que la Constitución de la República Dominicana establece que a ningún ciudadano se le puede exigir lo que no está previsto en la ley, además de que la norma procesal penal no prevé plazos para la realización de ese tipo de diligencia, por lo que dijo en este caso corresponde la incorporación de dichas pruebas.
Por los US$92 millones pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de ser favorecida con la adjudicación de obras del Estado dominicano, además de Víctor Díaz Rúa son procesados Ángel Rondón Rijo, Tommy Galán Grullón, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.
El órgano investigador le atribuye haberse enriquecido ilícitamente en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
Fuente: listindiario.com